Nota de opinión:
El Director Ejecutivo del IDAI Dr. Alfredo Junco intenta una vez más justificar el negociado sin precedentes de la venta del Parque Industrial de Florencio Varela a una empresa privada (PISA) “sin antecedentes” (como él mismo afirma) y “sin capital social” (fue constituida con un capital insignificante de apenas $ 100.000).
El Dr. Junco reconoce que las 83 parcelas del Parque Industrial, cuyas superficies van de los 5.000 a los 25.000 mts.2 y totalizan más de 510.000 mts. cuadrados, se están ofreciendo en venta a u$s 70 el metro cuadrado (Inmobiliarias Adrián Mercado y Américo Gonzalez), valor que para PISA representa un patrimonio de más de u$s 35.000.000,00 que al cambio oficial supera los $ 300.000.000,00 y por el cual solamente habrá de pagar la irrisoria suma de $ 12.705.000,00.
Repito para que no se interprete erróneamente que, aunque resulte insólito y ridículo, ese precio se pactó en PESOS, no en dólares.
Reconoce también que en las 73 hectáreas vendidas existen obras de infraestructura construidas por la Municipalidad entre 2009 y 2013 por las cuales le pagó a Málaga Construcciones S.A. un total de $ 30.000.000.
Tampoco puede desconocer que por el Acta Acuerdo firmada este mes de noviembre entre el Intendente y el Ministro de Planificación e Inversión Federal se comprometió el aporte del gobierno nacional de $ 43.590.911,00 para la construcción del “Acceso al Parque Industrial”.
El Dr. Junco pretende justificar la “privatización” de un Parque Industrial que era completamente público estatal, con el argumento –que no resiste el menor análisis- de que el Estado no contaba con los $ 50.000.000,00 necesarios para completar las obras de infraestructura (que es el monto total comprometido por PISA en un plan de obras de 5 años), pero resulta que ahora es el Estado el que va a poner más de $ 43.000.000,00 para construir el acceso al Parque Industrial. ¿Dónde está la supuesta imposibilidad del Estado de financiar las obras?
También intenta justificar esta increíble “entrega” del patrimonio de los varelenses manifestando que “nos interesa vivir mejor en Varela, y facilitar que muchas industrias elijan nuestro distrito”, que es “un beneficio que trasciende los límites de este período de gobierno”, que “transformará la realidad laboral y económica”, que “cuando el Estado invierte en proyectos productivos deben analizarse no sólo por los resultados financieros, sino por los resultados económicos en sentido amplio”.
Bonitas frases hechas, emotivas evocaciones al empleo y la producción, que no resisten la más elemental matemática: El Estado pone 73 hectáreas que valen más de $ 90.000.000, aporta infraestructura ya construida por $ 30.000.000 y compromete la ejecución del acceso por más de $ 43.000.000. Una simple suma arroja que el Municipio aporta en capital nada más y nada menos que $ 163.000.000,00.
Dado que el precio de la venta fue de $ 12.705.000 (para más datos a cobrar en cuotas a lo largo de 5 años) otra simple operación matemática demuestra que la Municipalidad, esto es la comunidad varelense, pierde más de $ 150.000.000,00, sin contar las ganancias que habría obtenido si el parque hubiera continuado siendo público estatal.
En cambio PISA -aún concediéndole que además del precio ($ 12.705.000), de las obras a su cargo ($ 50.000.000) e intereses financieros, tuviera otros gastos no previstos- sin ninguna duda habrá de ganar mucho más de $ 200.000.000,00 (al cambio y valores actuales).
Ahora bien, si fuera un verdadero Parque Industrial Mixto -como lo quieren presentar- donde el Estado pone la tierra ($ 90.000.000), infraestructura ya construida ($ 30.000.000) y compromete la ejecución de los accesos ($ 43.000.000), y la empresa privada (PISA) se obliga a realizar las obras faltantes ($ 50.000.000), cualquier acuerdo lógico, razonable, legítimo y legal debería contemplar que cada parte se quede con un porcentaje de las parcelas, o de su valor de comercialización, proporcional al aporte de cada una.
Pero llamativamente ni el Intendente Pereyra ni el Dr. Junco previeron esta alternativa en defensa y en protección del patrimonio municipal. ¿Cómo se explica semejante imprevisión, tamaña falta de visión en funcionarios de las más altas responsabilidades que cuentan con toda clase de información y de asesores?
Resulta aberrante que un funcionario público del máximo nivel municipal (jerarquía de Secretario) como el Dr. Junco, pretenda justificar una operación absolutamente perjudicial al patrimonio comunitario (sospechada de ser una negociación espuria y fraudulenta) con el argumento de que favorecerá la radicación industrial, el empleo y la producción, porque sería lo mismo que querer justificar al motochorro que roba a mano armada argumentando que en definitiva lo hace en beneficio de su familia. Con este razonamiento lo importante ya no sería que se haya cometido un delito, ni tampoco el perjuicio ocasionado a la víctima, sino que “algunos” obtendrán un beneficio y ello justifica cualquier conducta aunque sea contraria a la moral, a la ética y a la ley.
DARDO H. OTTONELLO
Concejal
Bloque Frente Renovador
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