PISA –que pasó a ser la dueña del Parque Industrial PITEC y será quien venderá las 83 parcelas industriales en que se subdividirá el predio (cuyas superficies van de los 4.000 m2 hasta los 25.000 m2)- se comprometió a ejecutar a su cargo las obras de infraestructura (accesos, calles internas, playas de estacionamiento, etc.) y de servicios (alumbrado, redes de electricidad, agua y cloacas, desagües pluviales e industriales, etc.) necesarias para la futura radicación de industrias.
El plan propuesto por PISA, aceptado por el Ejecutivo municipal, contempla la construcción de las obras en cuatro etapas, cuyos plazos de ejecución son de 18 meses para cada una de las dos primeras y de 12 meses para cada una de las dos restantes, haciendo un total de 60 meses (5 años).
El precio de venta -fijado por el Intendente mediante Decreto- fue de $ 12.705.000,00 que PISA deberá pagar en la parte proporcional a cada etapa (pero recién cuando se hayan finalizado las obras y los organismos provinciales las hayan aprobado), con más un interés de tasa pasiva del Banco Provincia para las operaciones de depósitos a plazo fijo a 30 días.
Por varias y graves razones este “negocio inmobiliario”, además de grotesco e insólito, es una enorme defraudación al patrimonio varelense.
Para empezar, cabe señalar que PISA fue seleccionada por el Intendente Pereyra, en base a un “Concurso de Antecedentes” realizado en mayo de 2013, a pesar de que fue la única firma que se presentó y de que no tiene ningún tipo de antecedentes en la construcción, promoción y explotación de parques industriales (ni en ninguna otra actividad) porque esta sociedad fue constituída recién en febrero de 2013, es decir apenas tres meses antes.
Resulta obvio que PISA no cumplió con los requisitos esenciales e indispensables (presentar las memorias y balances de los 2 últimos ejercicios; acreditar 10 años de actividad y de experiencia en el desarrollo de parques industriales; presentar los aportes del personal de 6 meses, etc.) que exigía el Pliego de Bases y Condiciones, y es evidente que no tiene la capacidad económica y financiera para ejecutar las obras comprometidas ya que posee un Capital Social ínfimo de apenas $ 100.000.
Por eso nunca debió haber sido seleccionada ni aceptada su propuesta, y resulta inaceptable que el Intendente le haya firmado el contrato por el cual le entrega las 73 hectáreas y la explotación del parque industrial.
Además, por expresa disposición de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de la propia Ordenanza de creación del IDAI, la designación de su Director Ejecutivo debe ser hecha por el Intendente con el previo Acuerdo del Concejo Deliberante, pero en el mes de julio de 2013 Julio Pereyra designó al Lic. Junco sin la intervención del Concejo.
Por lo tanto, a la fecha en que firmó el contrato de venta a PISA el titular del IDAI –que es la Autoridad de aplicación del Parque Industrial- no había sido designado como la ley manda, es decir que NO estaba legalmente habilitado para ejercer ese cargo ni para realizar dicho acto, con lo cual su intervención deviene nula y esa nulidad comprende al contrato que él suscribió.
Pero lo más grosero y gravoso para los varelenses está en el precio irrisorio y en la increíble forma de pago establecidos por el Intendente.
Sucede que las 73 hectáreas –que hace apenas un año se vendieron en la suma de $ 12.705.000, de los cuales hasta el presente la Municipalidad no recibió un sólo peso- tienen un valor real en el mercado inmobiliario (al mes de setiembre de 2014) de $ 90.000.000,00.
Si al precio pactado de $ 12.705.000 le agregamos los intereses del año transcurrido, calculados a la tasa fijada en el contrato (máximo 11% anual = $ 1.397.550,00), el precio de venta actualizado a setiembre de 2014 es de $ 14.102.550,00 cifra que es SEIS (6) VECES inferior a su verdadero valor.
Además, de acuerdo con los términos del negocio hecho por el Intendente, a medida que pase el tiempo y cuantos más meses insuma la ejecución de cada una de las cuatro etapas, más habrá de perder la Comunidad porque la tasa pasiva de interés seguirá estando muy lejos de las tasas reales de inflación de nuestro país, que rondan el 35% anual.
Como en toda venta a un precio fijo con un interés muy menor a la inflación, cuanto más tarde PISA en terminar las obras y más tarde tenga que pagar, será cada vez menos lo que el Municipio recibirá en relación al valor actualizado de la tierra que le vendió.
Y como si todo esto fuera poco perjuicio para el erario municipal, hay que recordar que -según la documentación presentada por el propio Ejecutivo en la rendición de cuentas del ejercicio 2013- al mes de julio de ese año la Municipalidad de Florencio Varela le había abonado a la empresa constructora MÁLAGA CONSTRUCCIONES S.A. más de $ 25.000.000,00 por obras ejecutadas bajo tierra (desagües pluviales, desagües cloacales, etc.) en el predio destinado al parque industrial.
O sea, que la inversión en obras que el Municipio ya había realizado en el predio antes de venderselo a PISA fue por un monto que, por sí solo, duplica el precio de venta del inmueble.
El importe de esa inversión no está contemplado en la tasación antes mencionada de $ 90.000.000, razón por la cual si la adicionamos al valor que tiene la tierra el valor total real de este inmueble municipal asciende a más de $ 110.000.000,00 (CIENTO DIEZ MILLONES), esto es ocho (8) veces el precio al que pretende venderlo el Intendente y comprarlo PISA.
¿Cabe alguna duda de que estamos en presencia de la mayor defraudación de nuestra historia al patrimonio municipal de Florencio Varela?
Este contrato de venta está a consideración del Concejo Deliberante para su aprobación o rechazo. Los Concejales oficialistas, por ser mayoría, tienen la decisión final. Hasta ahora han desoído nuestros argumentos y le han dado dictamen favorable en las Comisiones. Me pregunto: ¿Hasta dónde habrá de llegar la obediencia debida al Intendente Pereyra?
DARDO H. OTTONELLO
Concejal
Bloque Frente Renovador
Son todos unos ladrones. Merecen ir ´RESOS...
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