Por Jorge Joury | No sólo se dispararon todas las alarmas, sino que despertó enorme malestar entre los intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, el proyecto para un nuevo estatuto de los trabajadores municipales, iniciativa que se encuentra en tratamiento en la legislatura bonaerense.
La mayoría de los alcaldes se quejan de que no fueron consultados y que de convertirse en ley en el Senado, provocará enormes fisuras en sus presupuestos. El tema será debatido este miércoles durante un cónclave de alcaldes en la sede capitalina de la Federación Argentina de Municipios (FAM), cuyo titular es el jefe comunal de Florencio Varela, Julio Pereyra. En lo que tiene que ver con las versiones que surgen del palacio legislativo, nadie se juega de que el proyecto así como está redactado, llegue a buen puerto. Evalúan que seguramente sufrirá modificaciones que conformen a las partes y auguran un final abierto.
En fuentes confiables se admitió que el malhumor también apunta a los diputados del Frente para la Victoria que alentaron y aprobaron el proyecto, pese a no tener el respaldo de la propia Federación Argentina de Municipios. El tema más sensible pasa por lo económico. La mayoría de los máximos referentes territoriales advierten que verán complicadas sus finanzas al estar obligados a adecuarse a lo establecido si la iniciativa se convierte en ley. Encima, el proyecto aparece en un momento duro de la economía, donde la recaudación de impuestos ha decaído en muchos distritos.
CONTRATADOS
El piso de contratados es una de las vertientes de mayor rispidéz, además de la falta de control que puede generarse en una mesa de negociaciones, en la que pueden presentarse diferentes sindicatos. Los intendentes radicales también comparten la preocupación y manifestaron su enojo con los diputados de su espacio. Coinciden en que “por un lado nos vamos a tener que adecuar a esa ley y por otro inexorablemente se va a producir la falta de fondos para cumplir con las obligaciones salariales”. El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, quien además es titular de la FAM en la Provincia también puso el grito en el cielo. “El municipio no es una empresa, y se sostiene por servicios que pagan vecinos de los distritos, y hay que ser respetuosos”, manifestó a la vez que anunció una reunión con los senadores. La preocupación también llegó a oídos de Scioli. Al gobernador le interesa mantener a los barones del conurbano alineados a su proyecto presidencial y temas como éstos generan sobresaltos en la relación. Es probable que el mandatario bonaerense, de manera discreta, baje línea a su tropa legislativa para que se atenúe el impacto sugiriendo correcciones al proyecto. “Es increíble que los que administramos el dinero público no hayamos sido consultados”, reveló uno de los máximos caudillos bonaerenses.
CON FINAL ABIERTO
Hoy nadie se juega en el Senado bonaerense por la suerte del proyecto de ley. El ruido que generaron los planteos de los intendentes, presagia un final abierto. Y hay quienes apuestan a un posible regreso de la iniciativa a la Cámara de Diputados, para que se le hagan las correcciones del caso que conforme a las partes. Hay que apuntar que la ley impulsada por la Federación de Sindicatos Municipales bonaerenses (Fesimubo), deroga el estatuto del empleado municipal que fija la ley 11.757 y establece un marco para institucionalizar la negociación paritaria en cada comuna, además de restituirle una serie de derechos vulnerados a los trabajadores de ese estamento. Entre ellas se encuentra la posibilidad de elevar el porcentaje de antigüedad y el derecho al salario mínimo, vital y móvil. Pero, además, fija un tope máximo para cada distrito de 20% de la planta en condición de contratados, y el carácter “supletorio” para aquellos Concejos Deliberantes que no establezcan ordenanzas al respecto, sujetando algunos aspectos laborales a la ley 10.430, de estatales bonaerenses.
La mayoría de los jefes comunales coinciden en que son necesarios más cambios en el texto para poder adecuar la legislación al fallo de la Suprema Corte, que en agosto pasado declaró inconstitucional 60 artículos de la norma que se pretende derogar, por lesionar la autonomía de los municipios. En este contexto, intendentes y senadores del FPV y del radicalismo mantienen constantes reuniones para fijar posición. En el caso de que se realicen cambios en la comisión de Asuntos Municipales del Senado y se apruebe en el recinto, el proyecto del diputado Hernán Doval (FpV) que había avanzado en Diputados, volvería a su Cámara de origen.
Por lo que pudo saberse en fuentes confiables, ya ha sido proyectada para este miércoles, una reunión de un grupo de intendentes en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Allí se analizará puntillosamente la letra chica del proyecto. Y además se harán públicos los resultados a través de un documento conjunto, que será remitido el mismo día a los senadores del FPV. Los alcaldes hacen hincapié en que “debe respetarse la autonomía municipal, como lo indica el fallo de la Suprema Corte”. También se advirtió que “un municipio no es una empresa, y se sostiene por servicios que pagan vecinos. Hay que ser respetuosos”, señaló uno de los voceros consultados.
LAS DIFERENCIAS
Los jefes comunales además insisten en marcar las diferencias entre municipios del Conurbano y los del Interior de la Provincia. Según argumentan, en el Interior los servicios no están tercerizados y muchos municipios tienen también a cargo hospitales, lo que los hace tener una planta de empleados demasiado amplia en relación a distritos del Conurbano y cuya aplicación de la ley sería de un impacto económico mayor. Para graficar la afectación que tendría sobre las arcas municipales, apuntan además que en muchos casos los salarios representan el 50% del presupuesto total de los municipios. Si bien reivindican los derechos de los trabajadores, consideran la necesidad de “efectuar modificaciones al texto para que sea una ley cumplible”.
En ese sentido, el intendente de General Pinto, Alexis Guerrero (FpV), expresó: “No puede haber empleados municipales si no hay municipio”. En tanto, el senador oficialista por la sexta sección electoral Alejandro Dichiara también expresó la necesidad de “hacer una ley que defienda los derechos de los trabajadores en el marco de las posibilidades de cada comunidad”. El legislador opinó que el proyecto “debería acompañar una descentralización tributaria” que dé a los municipios mayores facultades de ingresos, y se preguntó: “¿Cómo se afronta una erogación tan grande sin que se incremente la coparticipación?”. Los intendentes radicales también se reunirán esta semana para analizar la postura a tomar frente al proyecto de ley. En el mismo sentido que los alcaldes del oficialismo, el presidente de la bancada de senadores de la UCR, Carlos Fernández advirtió: “Debemos encontrar un equilibrio entre la defensa de los trabajadores y la defensa de los municipios”. En tanto, el Frente Renovador también se manifestó en contra. “No puede ser que una ley provincial digite hasta el régimen de licencias de los empleados de los municipios, no estamos de acuerdo”, dijo el titular de la bancada, el senador Jorge D´Onofrio. Por lo que se ve, el río está demasiado revuelto y habrá que conciliar un equilibrio que conforme a las partes y no desordene económicamente las administraciones municipales.
Jorge Joury
Licenciado en Ciencias de la Información.
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