Villas + Countries = Tomas de Tierras

La toma del predio de Lugano, bautizado Barrio Papa Francisco con la bendición del cura de la Villa 20 Franco Punturo, ya lleva cuarenta días con más de dos mil personas viviendo en extrema precariedad. Hace quince días varios centenares de personas ocuparon un predio en Moreno, pasando la rotonda de Derqui, al lado de la terminal de la línea 365. El eterno intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, reconoció en un reportaje radial que últimamente hubo alrededor de cincuenta tomas en su distrito. La semana pasada un operativo conjunto de la Policía Federal, la Metropolitana y la Gendarmería impidieron la usurpación de un terreno lindante al Parque Indoamericano, donde en diciembre de 2010 asesinaron a tres de las miles de personas que lo habían ocupado y estaban siendo desalojadas.
Son nada más que unos pocos ejemplos de hechos similares que ocurren con mucha mayor frecuencia que lo trascendido, y que son consecuencia de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya un déficit habitacional que afecta a alrededor de medio millón de personas, con más de 150.000 viviendo en villas (50% más que en 2001); y de que en la Provincia haya un déficit habitacional de un millón de viviendas, un 30% de la población del conurbano sin acceso a agua de red, y un 63% sin acceso a desagüe cloacal. Al mismo tiempo, en toda esa región Metropolitana hubo en los últimos veinticinco años una vertiginosa expansión del espacio conquistado por countries y barrios privados. En 1990 eran un fenómeno marginal que ocupaba 34 kilómetros cuadrados; para el año 2000 ya existían 400 urbanizaciones cerradas que cubrían un área de 305 kilómetros cuadrados; y hacia el 2008 se contabilizaban 540 barrios privados que sumaban 400 kilómetros cuadrados de extensión, equivalentes al doble de la superficie de toda la Capital y a una cuarta parte de la superficie total urbanizada de la zona metropolitana: mientras en ese 25% del espacio urbanizado vivían menos de medio millón de habitantes, en el 75% restante lo hacían más de 15 millones, entre ellos varios millones en situación deficitaria. Se calcula que actualmente hay 650 urbanizaciones cerradas. Una mirada superficial de esa realidad concluye que el contraste es un fiel reflejo de la desigualdad social. Que las diferencias de calidad de hábitat que se aprecian visualmente en la imagen que ilustra esta nota, son consecuencia del modo en que se distribuye el ingreso. Pero un análisis más a fondo enseña que las diferencias en el hábitat son a su vez reproductoras de la desigualdad social. La realidad del espacio urbano es al mismo tiempo consecuencia y causa. Y por lo tanto un factor que incide en la distribución del ingreso. Al respecto, en un ensayo que acaba de publicar la Universidad Libre de Berlín, el antropólogo urbanista e investigador del Conicet Ramiro Segura sostiene que “la continuidad del patrón de urbanización excluyente ha limitado los efectos de las políticas redistributivas que se aplicaron en la mayoría de los países latinoamericanos durante la última década”. En el trabajo titulado ‘El Espacio Urbano y la Reproducción de Desigualdades Sociales’, Segura explica que el boom inmobiliario que fue de la mano del alto crecimiento de la economía durante la última década ocasionó que el precio del suelo aumentara a un ritmo inédito, lo que agravó la fragmentación territorial preexistente al dificultar aún más el acceso a una vivienda digna en suelo urbano con buenos servicios, infraestructura y ubicación. Segura se suma a un informe de Naciones Unidas que señala que es “indispensable articular virtuosamente las políticas de vivienda, el desarrollo social y los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, con una planificación que puede incluir la intervención en el mercado a fin de frenar la especulación inmobiliaria y favorecer un uso mejor y más sustentable del suelo”. Consultada para esta nota, la urbanista de la Fundación Metropolitana y del instituto Item Ciudad, Laila Robledo, enumera algunos de los mecanismos por los cuales las urbanizaciones cerradas contribuyen a reproducir la desigualdad social. En primer lugar, “los barrios cerrados operan como barreras urbanas físicas que impiden la integración social y establecen límites simbólicos entre los de adentro y los de afuera”. Además, “los countries encarecen la ciudad por dos vías: una es con el pasaje de suelo rural a urbano que aprovechan muchos de esos emprendimientos que adquieren el terreno a precio rural y con un sólo trámite administrativo los convierten en urbano; de esa manera se benefician del consecuente aumento del valor de la tierra, que debería ser apropiado por las municipalidades ya que esa valorización nada tiene que ver con el accionar del propietario, por lo cual es legítimo que el Estado recupere parte de ella. La segunda vía de encarecimiento son los excedentes que se vuelcan a la inversión inmobiliaria como reserva de valor”. Frente a semejante problemática social, la única política pública que ha vinculado ambas realidades es la Ley de Acceso Justo al Hábitat que la Legislatura bonaerense sancionó a fines de 2012, y que recién fue reglamentada en diciembre del año pasado. La norma promueve las urbanizaciones sociales y la regularización de barrios informales, ordena un relevamiento de villas y asentamientos, crea un fondo para financiar las necesidades de familias de bajos recursos, aumenta el impuesto inmobiliario para los baldíos, establece una contribución obligatoria sobre la valorización inmobiliaria a favor de los municipios, y la cesión del 10% del valor de los grandes desarrollos inmobiliarios “tales como emprendimientos de clubes de campo, barrios cerrados y toda otra forma de urbanización cerrada”. Un tardío paso en sentido correcto.

Marcelo Zlotogwiazda, Economista y periodista 
cronista.com